martes, 21 de junio de 2011

SOBRE LA QUIEBRA DE UNA EMPRESA

La declaración judicial de quiebra puede ser solicitad en dos casos:

a. Ante un proceso de disolución y posterior liquidación según la ley general de sociedades. Que según esta norma sucederá si durante la liquidación se extingue el patrimonio de la sociedad y quedan acreedores pendientes de ser pagados, los liquidadores deben convocar a la junta general para informarla de la situación sin perjuicio de solicitar la declaración judicial de  quiebra, con arreglo a la ley de la materia (Art. 417 de la Ley General de Sociedades)

En este sentido, para que una empresa se disuelva, deberá incurrir en una de las siguientes causales:

-          Vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, salvo si previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el Registro;

-          Conclusión de su objeto, no realización de su objeto durante un período prolongado o imposibilidad manifiesta de realizarlo;

-          Continuada inactividad de la junta general;

-          Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente;

-          Acuerdo de la junta de acreedores, adoptado de conformidad con la ley de la materia, o  quiebra;

-          Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es reconstituida;

-          Resolución adoptada por la Corte Suprema;

-          Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal o estatutaria; y,

-          Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en convenio de los socios registrado ante la sociedad.


De aparecer alguna de estas causales, el directorio, o cuando éste no exista cualquier socio, administrador o gerente, convoca para que en un plazo máximo de treinta días se realice una junta general, a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan.

Posteriormente, el acuerdo de disolución debe publicarse dentro de los diez días de adoptado, por tres veces consecutivas.

Disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación. La sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción en el Registro.

Desde el acuerdo de disolución cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes en general, asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden.

Sin embargo, si fueran requeridas para ello por los liquidadores, las referidas personas están obligadas a proporcionar las informaciones y documentación que sean necesarias para facilitar las operaciones de liquidación.

Por lo tanto la solicitud de declaratoria de quiebra, sólo podrá ser solicitad cuando haya concluido el proceso de disolución y el de liquidación, y si es que en este último proceso, el patrimonio se llega a extinguir. Pero como vemos, el proceso de disolución y liquidación  es parte de las decisiones de la propia empresa, por lo tanto corresponderá a su libre autonomía ingresar en estos procesos.


b. Ante un procedimiento concursal en el cual el liquidador solicite la declaratoria de quiebra.

El segundo supuesto es el procedimiento concursal, el cual puede ser ordinario y preventivo, el primero podrá ser solicitado a pedido del deudor, o el acreedor, y el segundo es a pedido del deudor, cuando no esté en las causales del procedimiento ordinario. Sin embargo en caso sea solicitado por el acreedor, este estará impedido si es que hay un proceso de disolución y liquidación según la Ley General de Sociedades, como vimos en el caso anterior.

Si el procedimiento es a pedido del deudor, deberá sustentar:

·         Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario;

·         Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

Si el procedimiento es a pedido del acreedor, deberá sustentar:

·         Sus créditos exigibles se encuentren vencidos, y no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación.

·         No procede promover el Procedimiento Concursal Ordinario por obligaciones impagas que se encuentren garantizadas con bienes del deudor o de terceros, salvo que el proceso de ejecución de dichas garantías resulte infructuoso.

Uno de los posibles acreedores concursales puede ser la SUNAT, sin embargo, existe un orden de prelación para la exigibilidad de los créditos, donde se encuentran:

1º Créditos laborales

2º Aportes al Seguro Social

3º Créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, warrants, derechos de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor.

Créditos de origen tributario

5º Los crédito son comprendidos en el orden precedente.

El procedimiento concursal puede tener dos efectos, según los acuerdos de la junta general, la liquidación o la reestructuración patrimonial.

De optarse por la liquidación, si luego de realizar uno o más pagos se extingue el patrimonio del deudor quedando acreedores pendientes de ser pagados, el Liquidador deberá solicitar, bajo responsabilidad, en un plazo no mayor de treinta (30) días ante el Juez Especializado en lo Civil, la declaración judicial de quiebra del deudor, de lo que dará cuenta al Comité o al Presidente de la Junta y a la Comisión.

Presentada la demanda el Juez, dentro de los treinta (30) días siguientes de presentada la solicitud, y previa verificación de la extinción del patrimonio a partir del balance final de liquidación que deberá adjuntarse en copia, sin más trámite, declarará la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas.

El auto que declara la quiebra del deudor, la extinción del patrimonio del deudor y la incobrabilidad de las deudas, deberá ser publicado en el diario oficial El Peruano por dos (2) días consecutivos.

Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la quiebra, concluirá el procedimiento y el Juez ordenará su archivo, así como la inscripción de la extinción del patrimonio del deudor, en su caso, y emitirá los certificados de incobrabilidad para todos los acreedores impagos. Asimismo, la declaración de la extinción del patrimonio del deudor contenida en dicho auto, deberá ser registrada por el Liquidador en el Registro Público correspondiente.

Sin embargo como señalamos líneas arriba en caso se esté desarrollando un procedimiento de disolución y liquidación según la Ley General de sociedades, el Juez competente tramitará la declaración de quiebra del deudor de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema Concursal, sin que para tal efecto sea necesario que dicho deudor se someta al Procedimiento Concursal Ordinario previsto en la Ley.

2 comentarios:

  1. de declarar en quiebra una empresa como se le paga las deudas

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  2. me parece que esas deudas quedarán sin pagarse no obstante la declaración judicial de quiebra acarrear consecuencias jurídicas para quienes administraron la empresa (gerente) una de estas consecuencias es la inhabilitación para gerenciar durante un período no menor a 5 años ... tengo entendido eso no sé si es lo correcto

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